Silvio Rodriguez -
jueves, 3 de junio de 2010
miércoles, 2 de junio de 2010
Declaración Jurica
Los integrantes del sistema nacional de impartidores de justicia, compuestopor los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Superior Agrario, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales electorales y de lo contencioso administrativo, las juntas locales de conciliación y arbitraje y los tribunales Federal y locales de conciliación y arbitraje.
Considerando
• Que los impartidores de justicia de la República Mexicana constituimos una comunidad que responde a los mismos postulados constitucionales y compartimos los mismos objetivos y aspiraciones.
• Que la impartición de justicia en nuestro país es un sistema compuesto por las respectivas funciones y responsabilidades de cada uno de los órganos de impartición de justicia integrantes del mismo.
• Que nuestro Estado Constitucional requiere de poderes judiciales y órganos jurisdiccionales autónomos, profesionales y fuertes para garantizar el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Que los diagnósticos y conclusiones recogidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano han sido compartidos, analizados y discutidos por la comunidad de impartidores de justicia del país para conjuntamente delinear una agenda judicial que responda a las inquietudes e insatisfacciones de la sociedad mexicana.
• Que la impartición de justicia es un valor central para la vida democrática y una condición indispensable para su desarrollo.
Reconociendo
• Que las diferentes asociaciones formadas por los impartidores de justicia del país han generado resultados muy positivos para consolidar la vida institucional.
• Las aportaciones de la “Declaración de la Ciudad de México” emitida por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y otras declaraciones que le antecedieron.
• Los avances logrados por los poderes judiciales y organismos jurisdiccionales del país durante los últimos diez años.
• Que no todos los progresos están articulados, aunque se presentan diversos grados de avance.
• Que los órganos de impartición de justicia laboral realizan una importante función social y que resulta necesario llevar a cabo acciones tendentes a perfeccionarlos para que se encuentren en condiciones de cumplir cabalmente su encomienda constitucional.
• Que las experiencias exitosas obtenidas en forma aislada deben ser conocidas y compartidas por la comunidad de impartidores de justicia.
• Que los desarrollos tecnológicos deben ser compartidos y compatibles para redundar en beneficio del sistema de impartición de justicia en su conjunto.
• Que los esfuerzos emprendidos en materia de reclutamiento, selección, capacitación y profesionalización de los impartidores de justicia deben tener objetivos comunes.
• Que la imparcialidad y neutralidad consustanciales a la función jurisdiccional implican en una de sus facetas el apartidismo político de la impartición de justicia.
• La activa participación internacional de juzgadores mexicanos en organizaciones que agrupan a impartidores de justicia.
• La poca confianza ciudadana hacia los órganos de impartición de justicia.
• Las limitaciones existentes para el adecuado desarrollo de los órganos impartidores de justicia en el país.
Convencidos
Que los poderes judiciales, los órganos jurisdiccionales y los miembros de la comunidad de impartidores de justicia están llamados a proporcionar certeza, seguridad y solidez institucional en todo momento, pero particularmente en momentos de renovación de los otros poderes.
Ratificamos
• Nuestro compromiso con los valores esenciales de la democracia, sabiéndonos pieza fundamental del Estado Constitucional.
• Nuestro compromiso con un sistema de impartición de justicia con pleno acceso para todos los mexicanos.
• Nuestro compromiso con transparentar nuestro quehacer mediante el establecimiento de reglas comunes para los distintos órganos impartidores de justicia del país.
• Nuestro compromiso con la adopción de normas éticas comunes a todos los impartidores de justicia del país.
• Nuestro compromiso por establecer parámetros de desempeño compatibles y en la medida de lo posible comunes para los distintos órganos jurisdiccionales y los diversos impartidores de justicia del país.
• Nuestro compromiso por mantenernos ajenos y por encima de las contiendas político-partidistas.
Convenimos en
• Establecer un mecanismo para la consulta y el diálogo permanentes entre los impartidores de justicia del país, para lo cual realizaremos las acciones necesarias para consensar, en el corto plazo, el establecimiento de una Asociación Nacional de Impartidores de Justicia.
• Establecer un mecanismo que permita dar seguimiento a los acuerdos específicos a que hemos llegado durante este Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia.
• Difundir la presente declaración entre nuestros agremiados, los miembros de nuestros tribunales y, de manera general, a los habitantes del país.
• Establecer un Código de Ética Nacional para los Impartidores de Justicia.
• Adoptar las mejores prácticas existentes en materia de transparencia judicial, con miras a fortalecer la rendición de cuentas.
• Elaborar una agenda judicial que abarque el conjunto del sistema de impartición de justicia a nivel nacional y que contenga políticas a corto, mediano y largo plazo.
• Adoptar todas las medidas a nuestro alcance para lograr y preservar la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales y sus miembros.
• Hacer un llamamiento a los miembros de los distintos foros de abogados postulantes para que su actuar se profesionalice y ajuste a las directivas éticas que requiere un sistema de impartición de justicia que merezca la confianza de todos los mexicanos.
• Invitar a las instituciones educativas del país a elevar la calidad de la formación profesional de los abogados.
• Hacer un llamamiento a las autoridades y a los actores políticos para que refrenden su vocación democrática y en consecuencia se comprometan a acatar los fallos de la justicia y respetar las garantías de los juzgadores, convencidos de que sólo así podremos consolidar el Estado de Derecho en el cual todos aspiramos vivir.
• Ratificar nuestro compromiso por mejorar la calidad de la impartición de justicia en México, teniendo como objetivo primordial al justiciable.
• Emprender de inmediato las acciones concretas siguientes:
o Levantar un censo de todos los impartidores de justicia del país.
o Establecer un Sistema Nacional de Capacitación Judicial como instrumento para la preparación y actualización de los impartidores de justicia del país.
o Convocar a las instituciones de educación de mayor prestigio en la rama jurídica para elaborar conjuntamente un programa de reclutamiento para los poderes judiciales de los egresados de excelencia.
o Levantar un inventario de infraestructura y necesidades tecnológicas que abarque todos los órganos de impartición de justicia del país, para lo cual se publicará, a partir de 2006, el Anuario de la Justicia en México.
o Proponer la creación de nuevos fondos para el fortalecimiento de los órganos impartidores de justicia destinados a financiar gasto de inversión.
o Establecer bases de colaboración entre los órganos impartidotes de justicia para intercambiar información, capacitación y experiencias en la implementación de desarrollos tecnológicos.
o Sentar las bases para la creación de una red nacional de información judicial que incluya elementos de estadística bajo un formato común, que permita la creación de un Sistema Nacional de Medición del Desempeño Judicial.
o Realizar una evaluación objetiva, basada en datos empíricos, para medir el impacto del amparo directo en el conjunto del sistema de impartición de justicia.
o Elaborar una propuesta de reforma constitucional y legal que faculte a los Tribunales Colegiados de Circuito a rechazar de plano aquellas demandas de amparo directo que no revistan importancia y trascendencia. Los supuestos de importancia y trascendencia al ser establecidos legalmente serán analizados por los integrantes de la mesa en enero de 2006.
o Adoptar medidas para el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas.
o Fortalecer la autonomía e independencia de los tribunales administrativos.
o Difundir entre todos los asistentes a este Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia el avance en el cumplimiento de las anteriores acciones a más tradar el 15 de junio de 2006.
o Generar un mecanismo institucional que permita el diálogo y la consulta permanente entre los órganos impartidores de justicia.
o Hacer un esfuerzo para homogeneizar los procesos de modernización de los órganos judiciales locales.
o Elaborar estrategias y políticas de comunicación del sistema nacional de impartición de justicia.
o Analizar la situación de la justicia constitucional en las entidades federativas.
o Establecer contactos permanentes entre los impartidores de justicia federales y los de las entidades federativas para discutir y analizar asuntos de trámite en materia de amparo directo y difundir los resultados de este encuentro.
Convencidos de que así contribuimos al fortalecimiento de nuestro Estado Constitucional y considerando, reconociendo y ratificando lo aquí asentado, lo convenimos y suscribimos en la Ex Hacienda de Jurica, Estado de Querétaro el día 2 de diciembre de 2005.
Considerando
• Que los impartidores de justicia de la República Mexicana constituimos una comunidad que responde a los mismos postulados constitucionales y compartimos los mismos objetivos y aspiraciones.
• Que la impartición de justicia en nuestro país es un sistema compuesto por las respectivas funciones y responsabilidades de cada uno de los órganos de impartición de justicia integrantes del mismo.
• Que nuestro Estado Constitucional requiere de poderes judiciales y órganos jurisdiccionales autónomos, profesionales y fuertes para garantizar el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Que los diagnósticos y conclusiones recogidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano han sido compartidos, analizados y discutidos por la comunidad de impartidores de justicia del país para conjuntamente delinear una agenda judicial que responda a las inquietudes e insatisfacciones de la sociedad mexicana.
• Que la impartición de justicia es un valor central para la vida democrática y una condición indispensable para su desarrollo.
Reconociendo
• Que las diferentes asociaciones formadas por los impartidores de justicia del país han generado resultados muy positivos para consolidar la vida institucional.
• Las aportaciones de la “Declaración de la Ciudad de México” emitida por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y otras declaraciones que le antecedieron.
• Los avances logrados por los poderes judiciales y organismos jurisdiccionales del país durante los últimos diez años.
• Que no todos los progresos están articulados, aunque se presentan diversos grados de avance.
• Que los órganos de impartición de justicia laboral realizan una importante función social y que resulta necesario llevar a cabo acciones tendentes a perfeccionarlos para que se encuentren en condiciones de cumplir cabalmente su encomienda constitucional.
• Que las experiencias exitosas obtenidas en forma aislada deben ser conocidas y compartidas por la comunidad de impartidores de justicia.
• Que los desarrollos tecnológicos deben ser compartidos y compatibles para redundar en beneficio del sistema de impartición de justicia en su conjunto.
• Que los esfuerzos emprendidos en materia de reclutamiento, selección, capacitación y profesionalización de los impartidores de justicia deben tener objetivos comunes.
• Que la imparcialidad y neutralidad consustanciales a la función jurisdiccional implican en una de sus facetas el apartidismo político de la impartición de justicia.
• La activa participación internacional de juzgadores mexicanos en organizaciones que agrupan a impartidores de justicia.
• La poca confianza ciudadana hacia los órganos de impartición de justicia.
• Las limitaciones existentes para el adecuado desarrollo de los órganos impartidores de justicia en el país.
Convencidos
Que los poderes judiciales, los órganos jurisdiccionales y los miembros de la comunidad de impartidores de justicia están llamados a proporcionar certeza, seguridad y solidez institucional en todo momento, pero particularmente en momentos de renovación de los otros poderes.
Ratificamos
• Nuestro compromiso con los valores esenciales de la democracia, sabiéndonos pieza fundamental del Estado Constitucional.
• Nuestro compromiso con un sistema de impartición de justicia con pleno acceso para todos los mexicanos.
• Nuestro compromiso con transparentar nuestro quehacer mediante el establecimiento de reglas comunes para los distintos órganos impartidores de justicia del país.
• Nuestro compromiso con la adopción de normas éticas comunes a todos los impartidores de justicia del país.
• Nuestro compromiso por establecer parámetros de desempeño compatibles y en la medida de lo posible comunes para los distintos órganos jurisdiccionales y los diversos impartidores de justicia del país.
• Nuestro compromiso por mantenernos ajenos y por encima de las contiendas político-partidistas.
Convenimos en
• Establecer un mecanismo para la consulta y el diálogo permanentes entre los impartidores de justicia del país, para lo cual realizaremos las acciones necesarias para consensar, en el corto plazo, el establecimiento de una Asociación Nacional de Impartidores de Justicia.
• Establecer un mecanismo que permita dar seguimiento a los acuerdos específicos a que hemos llegado durante este Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia.
• Difundir la presente declaración entre nuestros agremiados, los miembros de nuestros tribunales y, de manera general, a los habitantes del país.
• Establecer un Código de Ética Nacional para los Impartidores de Justicia.
• Adoptar las mejores prácticas existentes en materia de transparencia judicial, con miras a fortalecer la rendición de cuentas.
• Elaborar una agenda judicial que abarque el conjunto del sistema de impartición de justicia a nivel nacional y que contenga políticas a corto, mediano y largo plazo.
• Adoptar todas las medidas a nuestro alcance para lograr y preservar la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales y sus miembros.
• Hacer un llamamiento a los miembros de los distintos foros de abogados postulantes para que su actuar se profesionalice y ajuste a las directivas éticas que requiere un sistema de impartición de justicia que merezca la confianza de todos los mexicanos.
• Invitar a las instituciones educativas del país a elevar la calidad de la formación profesional de los abogados.
• Hacer un llamamiento a las autoridades y a los actores políticos para que refrenden su vocación democrática y en consecuencia se comprometan a acatar los fallos de la justicia y respetar las garantías de los juzgadores, convencidos de que sólo así podremos consolidar el Estado de Derecho en el cual todos aspiramos vivir.
• Ratificar nuestro compromiso por mejorar la calidad de la impartición de justicia en México, teniendo como objetivo primordial al justiciable.
• Emprender de inmediato las acciones concretas siguientes:
o Levantar un censo de todos los impartidores de justicia del país.
o Establecer un Sistema Nacional de Capacitación Judicial como instrumento para la preparación y actualización de los impartidores de justicia del país.
o Convocar a las instituciones de educación de mayor prestigio en la rama jurídica para elaborar conjuntamente un programa de reclutamiento para los poderes judiciales de los egresados de excelencia.
o Levantar un inventario de infraestructura y necesidades tecnológicas que abarque todos los órganos de impartición de justicia del país, para lo cual se publicará, a partir de 2006, el Anuario de la Justicia en México.
o Proponer la creación de nuevos fondos para el fortalecimiento de los órganos impartidores de justicia destinados a financiar gasto de inversión.
o Establecer bases de colaboración entre los órganos impartidotes de justicia para intercambiar información, capacitación y experiencias en la implementación de desarrollos tecnológicos.
o Sentar las bases para la creación de una red nacional de información judicial que incluya elementos de estadística bajo un formato común, que permita la creación de un Sistema Nacional de Medición del Desempeño Judicial.
o Realizar una evaluación objetiva, basada en datos empíricos, para medir el impacto del amparo directo en el conjunto del sistema de impartición de justicia.
o Elaborar una propuesta de reforma constitucional y legal que faculte a los Tribunales Colegiados de Circuito a rechazar de plano aquellas demandas de amparo directo que no revistan importancia y trascendencia. Los supuestos de importancia y trascendencia al ser establecidos legalmente serán analizados por los integrantes de la mesa en enero de 2006.
o Adoptar medidas para el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas.
o Fortalecer la autonomía e independencia de los tribunales administrativos.
o Difundir entre todos los asistentes a este Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia el avance en el cumplimiento de las anteriores acciones a más tradar el 15 de junio de 2006.
o Generar un mecanismo institucional que permita el diálogo y la consulta permanente entre los órganos impartidores de justicia.
o Hacer un esfuerzo para homogeneizar los procesos de modernización de los órganos judiciales locales.
o Elaborar estrategias y políticas de comunicación del sistema nacional de impartición de justicia.
o Analizar la situación de la justicia constitucional en las entidades federativas.
o Establecer contactos permanentes entre los impartidores de justicia federales y los de las entidades federativas para discutir y analizar asuntos de trámite en materia de amparo directo y difundir los resultados de este encuentro.
Convencidos de que así contribuimos al fortalecimiento de nuestro Estado Constitucional y considerando, reconociendo y ratificando lo aquí asentado, lo convenimos y suscribimos en la Ex Hacienda de Jurica, Estado de Querétaro el día 2 de diciembre de 2005.
Libro Blanco de la Reforma Judicial
A continuación citaré el inicio de la introducción de este libro especial para nosotros los futuros abogados y los abogados q nos interesa el rumbo de nuestro país
En agosto de 2003, La Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó una convocatoria para iniciar la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano. Esta consulta tenía el propósito de recoger la opinión de la comunidad jurídica nacional y en general de la población sobre la operación, las percepciones y las propuestas para mejorar el sistema de impartición de justicia de nuestro país.
Con esta convocatoria el Poder Judicial Federal salía de su aislamiento en busca de preguntas y respuestas, apreciaciones y opiniones sobre su quehacer. La Consulta está al origen de una etapa caracterizada por la voluntad de diálogo y la transparencia. Pero la Consulta iba más allá del ámbito de la Corte, y se dirigía de la manera más incluyente posible a todos los usuarios del sistema de impartición de justicia. Se buscó así, con el mayor respeto y “humildad”, encontrar un diagnóstico integral de la justicia mexicana. La Corte se asumió como una parte de un esfuerzo común y compartido, en el que todos participaran para satisfacer, mediante una reforma judicial integral, una demanda común: una justicia accesible, rápida y expedita para todos los mexicanos.
La Consulta tuvo rasgos que la distinguen de otras. Los poderes judiciales son siempre objeto de la reforma judicial, pero es infrecuente que asuman la iniciativa de la misma. En esta ocasión, los poderes judiciales, encabezados por la Suprema Corte, condujeron y participaron activamente en la Consulta. Usualmente, las consultas se centran en las propuestas de reforma legislativa. Esta vez, la Consulta amplió su búsqueda de sugerencias al incluir también medidas a ser adoptadas internamente sin necesidad de mediar enmienda legislativa. Las consultas suelen atacar problemas puntuales, en esta ocasión se intentó lograr una visión integral.
Virtudes del juzgador
Nos hemos olvidado de aquellas personas que tienen en sus manos el juzgar a las demás personas, no nos ponemos a pensar a cerca de su criterio, de su vida, de su persona, incluso de su familia ya q es esta ultima la que tiende a formar a cada persona su forma de ser, de actuar, de vivir y de madurar. Por lo anterior dejo el link de este gran libro de Javier Saldaña, Virtudes del Juzgador para asi poder entender lo que debe ser la persona a quien se le ha puesto en sus manos la decisión de juzgar las demás personas.
http://www.scjn.gob.mx/RecJur/BibliotecaDigitalSCJN/CopiaLibros/Paginas/EticaJudicialVirtudesdelJuzgador.aspx
Concepto de objeto juridico
El objeto jurídico es el término mediante el cual se hace referencia al contenido de un acto o negocio jurídico.
Es uno de los elementos esenciales de una obligación o contrato, así como de cualquier tipo de negocio jurídico, quedando extinguido de no existir el objeto sobre el que recae.
Es la obligación impuesta a otro por la norma jurídica, cuya sanción está a disposición del legitimado. Los objetos jurídicos se clasifican en: 1. La propia persona; 2. Otras personas; 3. Las cosas; 4. Los productos del espíritu El objeto jurídico puede ser directo e indirecto. Directo: la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones, es decir cuando transmite derechos. Indirectos: la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado no debe hacer.
Es uno de los elementos esenciales de una obligación o contrato, así como de cualquier tipo de negocio jurídico, quedando extinguido de no existir el objeto sobre el que recae.
Es la obligación impuesta a otro por la norma jurídica, cuya sanción está a disposición del legitimado. Los objetos jurídicos se clasifican en: 1. La propia persona; 2. Otras personas; 3. Las cosas; 4. Los productos del espíritu El objeto jurídico puede ser directo e indirecto. Directo: la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones, es decir cuando transmite derechos. Indirectos: la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado no debe hacer.
martes, 1 de junio de 2010
El procurador presenta inciativa para aplicar los juicios orales
De aprobarse, se reformará todo le sistema procesal en Guanajuato. Establece sistema de transparencia y legitimar decisiones de gobierno.
31-05-2010
León, Gto.Carlos Zamarripa Aguirre, procurador de Justicia de Guanajuato, presentará hoy una iniciativa de la Ley Procesal del Estado, con la que pretenden implementar la reforma en materia de Justicia Penal y de Seguridad Pública, para la aplicación de los juicios orales.
El documento lo entregará a las 9 de la mañana, en el Congreso Local ante los diputados.
Con esta iniciativa se pretende reformar el sistema procesal penal que en la actualidad se aplica en la entidad, para llegar a un sistema de justicia penal adversarial de corte acusatorio.
La iniciativa de Ley plantea la implementación del sistema procesal del tipo penal, pero además establece un sistema de transparencia y legitimación a las decisiones gubernamentales.
Entre los puntos más destacables, está que se fortalece la defensa técnica del inculpado, y además se puntualiza la vigencia del principio de presunción de inocencia y se amplían sus derechos.
“El documento, de corte acusatorio adversarial, busca mejorar la calidad del sistema de justicia y garantizar el debido proceso, con pleno respeto a los derechos humanos de imputados y víctimas, así como fortalecer el combate a la delincuencia e impunidad. Es, además, producto de largas jornadas de análisis por parte de los integrantes de la subcomisión de normatividad y de sus equipos de apoyo técnico”, establece un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
Este documento que presentará al Legislativo, consta de 20 ordenamientos jurídicos que deberán de crearse o modificarse en materia penal y de seguridad pública, para mejorar el sistema de justicia penal.
Este trabajo es resultado de la coordinación, de los tres poderes, la representación ciudadana y quienes integra la Comisión Estatal para la Implementación de la Reforma en materia de Justicia Penal y de Seguridad Pública.
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